Salud mental en Argentina: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público siente la presión

Lo primero que me quedó dando vueltas, después de leer el informe, fue una imagen simple: una guardia hospitalaria de la provincia de Buenos Aires donde, según los datos que se presentaron en el Senado, tres de cada diez consultas ya no son por una quebradura, una fiebre o un dolor de panza. Son por la salud mental. Esa escena, que hasta hace unos años sonaba lejana, hoy aparece en los números como una de las postales más repetidas del sistema público.

Las internaciones por salud mental crecieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Y las consultas ambulatorias treparon 23% en el último año. Los números no salen de un muestreo chico ni de una encuesta de opinión: vienen de un relevamiento coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, que juntó la información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias.

Catorce provincias, más del 70% del país

El mapa que armaron los investigadores es federal y pesado. Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego pusieron los datos sobre la mesa. También se sentaron en la mesa Entre Ríos y Río Negro, aunque sin aportar cifras en esta etapa. En conjunto, las jurisdicciones que sí respondieron representan más del 70% de la población argentina, lo que le da al informe una robustez poco habitual para este tipo de discusiones.

El cuadro que se desprende del cruce de datos muestra, además, dos tendencias que preocupan especialmente: por un lado, crece la demanda de atención entre niñas, niños y adolescentes; por el otro, aumentan las consultas de personas que perdieron la cobertura de su obra social o su prepaga y terminaron recalando en el hospital público.

Más camas, más dispositivos, pero equipos al límite

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales de todo el país. Trece de las catorce provincias que aportaron datos ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. La inversión, aclaran las autoridades provinciales, existió y se nota.

• 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales entre 2021 y 2026.
• Centros de día, equipos territoriales y viviendas asistidas como parte de la expansión de la red comunitaria.
• Refuerzo de dispositivos específicos para consumos problemáticos en la mayoría de las provincias.
• Dificultad persistente para completar equipos con disciplinas críticas, como psicología y psiquiatría.
• Capacidad instalada calificada como "sobreexigida" frente a una demanda que sigue creciendo.

El debate en el Congreso

El informe se presentó en el Senado en medio del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que está vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon, en lo que se conoce hasta ahora, que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar al mismo tiempo el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.

“Las provincias identificaron como prioridades aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad. También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.”Informe federal de la Universidad Nacional de Lanús

Vuelvo a la guardia que me quedó rondando desde el primer párrafo. Si hoy una de cada tres consultas en los hospitales públicos de Buenos Aires ya es por salud mental, y si en el resto del país los números se mueven en la misma dirección, lo que está en juego no es un tema de especialistas ni de gestión clínica: es la manera en que una sociedad entera decide cuidar a los que más cuesta acompañar. El sistema público, dicen las provincias, ya puso lo que tenía. La pregunta que ahora pasa al Congreso es si la ley va a estar a la altura de la demanda que, según los propios datos oficiales, no deja de crecer.