Pandanés pidió quebrar con un pasivo de 1.200 millones y un planta industrial para 50 locales que ya no tiene: la Justicia abrió un salvataje
La cadena de panaderías cesó pagos desde octubre de 2025, echó a 150 trabajadores -varios por WhatsApp- y se presentó en concurso. El Juzgado Comercial N.º 15 rechazó la quiebra y ordenó un registro de cinco días para que acreedores, cooperativas o terceros presenten propuestas de rescate.
Pandanés llegó a tener operativas 25 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires y empleaba a 150 personas; en los últimos meses bajó la persiana de cada uno de esos locales, dejó en la calle a su plantilla completa y, según el expediente judicial, arrastra una cesación de pagos que se remonta a octubre de 2025, cuando el consumo empezó a deteriorarse a un ritmo que la propia empresa reconoce como superior al 50% de su volumen histórico, en paralelo con un alza sostenida de los costos que la firma describe como progresiva e irreversible.
La presentación concursal que derivó en la intervención del Juzgado Comercial N.º 15 incluyó cifras que desnudan la magnitud del desajuste: un pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos y una planta industrial de 1.778 metros cuadrados inaugurada en noviembre de 2022, cuando el negocio crecía y se proyectaba abastecer hasta 50 locales propios, una capacidad instalada que quedó sobredimensionada frente a la red actual, que es directamente nula.
¿Qué dijo la empresa y qué dice el expediente?
En la causa, Pandanés atribuyó el colapso a tres factores concurrentes que la firma presentó como un combo imposible de revertir: la caída del consumo -más de la mitad del volumen histórico-, el encarecimiento de insumos críticos como la harina, golpeada por la suba internacional de los granos, y el peso de los costos fijos -alquileres, energía, salarios actualizados por paritarias- que no se movieron al mismo ritmo que los ingresos. La gerente de la compañía, Lise Lundme Funch, sostuvo que esa combinación provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.
La empresa aseguró haber intentado renegociar alquileres, cambiar de proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, pero la propia narración de los hechos sugiere que esos intentos fueron tardíos o insuficientes: las sucursales se fueron cerrando una tras otra mientras la planta -diseñada para alimentar medio centenar de puntos de venta- seguía demandando el mismo nivel de gasto fijo, una ecuación que la firma no logró torcer a tiempo.
¿Por qué la Justicia rechazó la quiebra directa?
El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y, en cambio, ordenó abrir por cinco días un registro para que acreedores, cooperativas de trabajadores u otros interesados se inscriban y presenten propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales, una decisión que el magistrado fundó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que obliga a agotar la vía del salvataje antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los presupuestos legales. En la práctica, la empresa pidió cerrar y el tribunal le respondió que primero hay que intentar salvarla.
¿Qué pasó con los 150 trabajadores?
La Sindicatura que intervino en el expediente detectó, además, que la firma no habría acreditado el pago de los aportes a la obra social, la ART y los aportes previsionales del personal, una irregularidad que se suma a la forma en que se ejecutaron las desvinculaciones: los empleados fueron notificados del despido por WhatsApp y, al cierre de esta nota, todavía no habían recibido los telegramas de despido formales ni podían retirar sus pertenencias de los locales cerrados, un cuadro que describe tanto la urgencia con la que se ejecutó el recorte como el nivel de desprotección en que quedaron las familias que sostenían el funcionamiento cotidiano de cada sucursal.
¿Qué falta hacer?
Ahora la pelota pasa al registro que abrió el juzgado: en los próximos cinco días se sabrá si aparece algún acreedor dispuesto a inyectar capital, si los propios trabajadores se organizan en una cooperativa para hacerse cargo de la operación o si, en el peor de los escenarios, el expediente avanza hacia una quiebra que deje a los 150 empleados sin fuente laboral y a los acreedores con un pasivo de 1.200 millones de pesos repartido entre los pocos activos que quedan de una empresa que todavía tiene una planta industrial pensada para un negocio que ya no existe.
