Musimundo se quedó sin red: la Justicia decretó la quiebra de Carsa y se abre un proceso con 63.500 millones de pesos de deuda

La noticia golpea de lleno en uno de los nombres históricos del retail electrónico argentino: el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia resolvió el 2 de septiembre de 2026 revocar el concurso preventivo que Carsa S.A. había obtenido apenas dos meses antes y decretar directamente la quiebra de la sociedad que controla Musimundo, una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia territorial del país. La decisión se apoya en la constatación de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, y cierra una etapa de intentos de reorganización que la propia firma ya no pudo sostener.

Qué llevó al tribunal a descartar el salvataje concursal

La firma se había presentado en concurso en julio con el propósito declarado de reorganizar obligaciones y evitar un final concursal. Sin embargo, el expediente fue recaratulado como "CARSA S.A. s/ Quiebra" porque, según entendió el juzgado, la continuidad del proceso concursal resultaba inviable. La deuda concursal acumulada al momento de la ruptura asciende a 63.500 millones de pesos, una cifra que, comparada con los 900 millones que la misma compañía declaró en su concurso de 2018, ilustra la magnitud del deterioro acumulado en menos de una década y la profundidad de un pasivo que ya no admite un plan de pagos virtuoso.

Cómo se llegó hasta acá: locales cerrados, venta frustrada y un banco al frente

El derrumbe no fue repentino. Musimundo había cerrado 20 sucursales en el nordeste argentino, repartidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que la empresa describió como puntos duplicados en plazas donde la marca mantenía más de un local; allegados a la sociedad estiman que esos cierres dejaron más de 100 puestos de trabajo afectados. En paralelo, la dirección negoció la venta de 45 sucursales a los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación no prosperó y, el 26 de agosto, el directorio aprobó un plan de reducción de estructura que la sindicatura tuvo a la vista antes del decreto de quiebra. En el frente financiero, a fines de mayo de 2026 los pasivos bancarios sumaban alrededor de 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como acreedor principal por cerca de 1.549 millones.

Qué viene ahora: plazos para los acreedores y rol de la sindicatura

Con la quiebra ya firme, la sindicatura del Estudio Contable Benítez seguirá interviniendo en el proceso. Los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026; el informe individual está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio del mismo año. La cuestión de fondo, no obstante, excede los papeles judiciales: la continuidad operativa de los locales restantes, la suerte de los trabajadores que aún dependen de la marca y la posibilidad de que aparezca un nuevo operador dispuesto a absorber parte de la red son variables que el expediente no resolverá por sí solo.

Qué falta hacer para que el cierre no quede en un simple papel

La quiebra de Carsa no es solo un trámite registral: es la radiografía de un modelo de negocio que, en los hechos, ya no encuentra comprador ni financiamiento, y deja al descubierto la fragilidad de las cadenas de electrodomésticos frente a un mercado cada vez más concentrado. Falta que la Justicia designe fechas concretas para la explotación de los locales remanentes, que los trabajadores sean incluidos con prioridad en cualquier propuesta de transferencia y que el Banco Nación, como acreedor principal, transparente los términos de su exposición. Falta, sobre todo, que la transformación de la marca en papeles no se traduzca en más pueblos del norte argentino sin un comercio de referencia para comprar una heladera o pagar un electrodoméstico en cuotas.