La Justicia procesó al exagente Martins y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en una causa en la que se investiga el lavado de activos vinculados a la explotación sexual de mujeres. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

De acuerdo con lo dispuesto, al exfuncionario se lo considera partícipe necesario del delito de lavado de activos, en carácter de autor para algunos hechos y coautor para otros. La carátula es lavado de activos, y la pesquisa quedó en manos del fiscal federal Juan Pedro Zoni, según pudo reconstruir este portal.

La discusión central: la fecha de las operaciones

Una de las disputas del expediente pasó por el calendario de las 26 operaciones que se le endilgan. La defensa sostuvo que esas maniobras, relacionadas con la compra de propiedades y la administración de sociedades, se habrían concretado entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la propia Justicia consideró acreditado para la explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014. Martins se abstuvo de declarar en la indagatoria y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito.

Servini rechazó esa lectura. Consideró que una sociedad creada antes de los hechos puede ser utilizada con posterioridad para canalizar fondos de origen ilícito. Para la magistrada, la fecha de constitución de las firmas no invalida la hipótesis de que hayan servido para administrar u ocultar bienes obtenidos por la explotación.

La resolución además pone la lupa en la arquitectura societaria. Analiza sociedades argentinas y del exterior, los poderes de administración otorgados y la intervención de familiares directos. En ese sentido, la jueza concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

• Carátula: lavado de activos.
• Fiscal a cargo: Juan Pedro Zoni.
• Embargo dispuesto: 300 millones de pesos sobre los bienes del acusado.
• Hechos confirmados: el procesamiento con prisión preventiva fue dictado por la jueza Servini.
• Lo que trascendió: el expediente se inició el 6 de marzo de 2013 tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre posible explotación sexual de menores en un local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.

El expediente se originó el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que daba cuenta de una posible explotación sexual de menores en el local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Con el correr de la pesquisa se sumaron otros nueve locales respecto de los cuales, según el propio Martins, las acusaciones por trata fueron archivadas por inexistencia del delito.

La trayectoria de Martins incluyó su paso por la SIDE durante la última dictadura y años posteriores, y una etapa como operador en México, donde fue detenido en 2019. Su extradición a la Argentina se concretó desde Cancún, y desde entonces quedó a disposición del juzgado de Servini.

Con el procesamiento firme, el caso quedó a un paso del inicio del eventual juicio oral. La defensa de Martins anunció que evaluará recurrir la resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones. La próxima instancia procesal será entonces la confirmación o el rechazo de la prisión preventiva por parte del tribunal de alzada.