Declaró la socia de la concesionaria de Pilar y apuntó contra deudores morosos por dos millones de dólares

Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja de Carlos González, de 43, compareció ante el fiscal Andrés Quintana para dar su versión sobre la causa que investiga presuntas estafas y defraudaciones en la concesionaria Autos Pilar Premium. La mujer fue detenida junto a González en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido de Pilar, y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una pesquisa que ya contabiliza al menos 35 damnificados.

La versión de Chamoles sobre el desfasaje económico

En su declaración indagatoria, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje generado por compradores que habían adquirido vehículos con financiamiento y dejaron de pagar las cuotas en el último período. Según su testimonio, la firma posee pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y el total de deudas a cobrar ascendería a unos dos millones de dólares.

“Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó.”Cynthia Chamoles, en su declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana

La imputada señaló entre los deudores a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, y mencionó además una camioneta Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez y regularizar la situación de la empresa.

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar, que según la denuncia pagó 285.000 dólares por una Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
• Un DJ de trayectoria reservada, al que se le adjudicó una Land Rover Evoque con una deuda de 120.000 dólares.

La indagatoria de González y el origen del descalce

Por su parte, González describió en su propia declaración un descalce financiero de seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. El juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

La causa se encuentra en etapa de instrucción y el expediente sigue abierto. Según pudo saber Policiales y Judiciales, la próxima instancia procesal será la continuidad de las declaraciones indagatorias y el avance en la identificación del resto de los damnificados, mientras el fiscal Quintana aguarda el resultado de las medidas cautelares sobre los bienes de la concesionaria.