Casi nueve de cada diez hogares argentinos debieron financiarse para llenar la mesa en septiembre

El termómetro social que mes a mes construye el Instituto de Estudios Socioeconómicos volvió a arrojar un cuadro alarmante sobre la economía cotidiana de los hogares argentinos, y septiembre de 2026 no fue la excepción. Según el relevamiento correspondiente a ese mes, el 88,8% de los hogares consultados debió echar mano de alguna forma de financiamiento para adquirir alimentos, una cifra que desnuda la fragilidad de los ingresos frente a una canasta básica que ya se ubica por encima de los dos millones de pesos.

El fiado, práctica tan arraigada como precaria en los barrios del conurbano y del interior, se mantuvo como la herramienta más utilizada, con un 38,4% de las menciones, escoltado por las tarjetas de crédito, que concentraron el 36,5% de los casos. Detrás aparecieron los préstamos personales, opción que mencionó el 13,9% de los encuestados, completando un trío de mecanismos que, en conjunto, dejan en evidencia que la liquidez familiar para acceder a la comida dejó de ser la regla y pasó a convertirse en la excepción.

¿Qué margen tienen los hogares si se quedan sin ingresos?

La respuesta a esa pregunta resulta tan elocuente como preocupante. El 61,3% de los hogares respondió que resistiría menos de una semana sin percibir ningún ingreso, mientras que otro 32,7% estiraría su subsistencia entre una semana y un mes. En otras palabras, casi la totalidad de las familias carece de un colchón de ahorro que les permita atravesar un imprevisto laboral o un episodio de enfermedad, una situación que las políticas de ingresos vigentes no logran revertir y que el propio relevamiento del IETSE se encarga de cuantificar con crudeza.

La necesidad de pedir dinero ajeno para sortear gastos básicos también mostró su dimensión: el 28,5% de los hogares debió recurrir a esa práctica durante septiembre, lo que refuerza la idea de un sistema de supervivencia económica sostenido por redes familiares, vecinales y, sobre todo, por el crédito informal que ofrecen los propios comercios de barrio.

¿Cómo impacta el ajuste en la mesa familiar?

Cuando se les consultó por el acceso efectivo a los alimentos, apenas el 42,4% de los hogares declaró haber podido comprar todo lo que necesitaba. El 57,6% restante reconoció algún tipo de dificultad o restricción, un porcentaje que por sí solo describe la profundidad de la crisis alimentaria que atraviesa amplios sectores de la sociedad argentina, más allá de los indicadores macroeconómicos que suelen difundirse desde los despachos oficiales.

La situación se vuelve especialmente sensible cuando se indaga sobre la alimentación de los más chicos. En el 28,6% de los hogares con menores, algún niño, niña o adolescente comió menos durante septiembre por falta de dinero, un dato que no admite lecturas tibias y que interpela de lleno la eficacia de las políticas de protección social vigentes.

La respuesta de los adultos, en tanto, expuso otra forma de padecimiento silencioso: en el 39,1% de los hogares, alguna persona adulta redujo voluntariamente su propia comida para que el resto de los integrantes pudiera alimentarse. El 60,9% contestó que esa situación no se había presentado, aunque el solo hecho de que cuatro de cada diez familias deban recurrir a esa práctica habla de un sacrificio cotidiano que no encuentra correlato en los discursos optimistas sobre la recuperación del consumo.

¿Qué dicen los números de precios y de ventas?

El contexto inflacionario que enmarca el cuadro descrito por el IETSE muestra, según el propio instituto, una aceleración respecto del mes previo. La variación de precios de septiembre fue del 2,1%, tres décimas por encima del 1,8% registrado en agosto, lo que interrumpió la trayectoria descendente que el indicador mensual había mostrado en los meses anteriores. Con estos registros, la inflación acumulada de 2026 se ubica en el 24% y la interanual alcanza el 32,8%, niveles que, aunque menores a los picos de años recientes, siguen erosionando el poder adquisitivo de los ingresos que no se ajustan por índices formales.

En paralelo, la Canasta Básica Total que el relevamiento utiliza para el hogar de referencia se posicionó en $2.076.505 y se convirtió en la línea de pobreza efectiva para esa configuración familiar, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia, se fijó en $1.130.236. Son montos que ilustran la brecha creciente entre los ingresos reales de vastos sectores de la población y el costo mínimo de una vida digna, brecha que el financiamiento compulsivo de la comida no hace más que profundizar.

El ajuste también se observa del lado de la oferta. Las ventas de alimentos y bebidas en comercios minoristas de proximidad, medidas en volumen, retrocedieron un 8,3% en la comparación interanual con septiembre de 2025, una caída que confirma la retracción del consumo masivo y que golpea de lleno a los almacenes y autoservicios de barrio, esos mismos que sostienen buena parte del fiado que las familias declaran como su principal herramienta de subsistencia alimentaria.

¿Qué falta hacer para revertir este cuadro?

El panorama que dibuja el informe del IETSE reclama, como mínimo, decisiones de fondo en materia de ingresos y de política social que el Gobierno nacional todavía no ha explicitado con la urgencia que los datos demandan. Mientras la inflación vuelva a acelerarse, mientras el fiado se consolide como mecanismo estructural de acceso a la comida y mientras los niños sigan saltando comidas en uno de cada cuatro hogares con menores, la promesa de estabilización macroeconómica seguirá chocando contra la realidad de las mesas argentinas, y las respuestas que hasta aquí se ofrecieron desde la política económica se revelarán, una vez más, insuficientes.