AySA empuja un tarifazo del 22,6% para seis de cada diez hogares del AMBA y la discusión llega a la audiencia pública

El dato inicial lo aporta la propia compañía y basta para dimensionar el impacto potencial: el 60% de los usuarios residenciales del área metropolitana tendría un aumento promedio del 22,6% en su factura de agua y cloacas, mientras un 20% accedería a una baja media del 14,7% y el porcentaje restante conservaría prácticamente sin variaciones el importe que abona cada mes. Esa es la fotografía que dejó la propuesta de AySA al Ente Regulador de Agua y Saneamiento, calculada con valores de septiembre y antes de impuestos, en el marco de una readecuación tarifaria que promete redistribuir pero también profundizar el peso del servicio en los bolsillos porteños y bonaerenes.

La compañía aclara que la factura residencial promedio ponderada del conjunto del servicio subiría de 27.156 a 30.250 pesos por mes, lo que representa una variación del 11,4%. Ese guarismo, sin embargo, no refleja el golpe real que sufrirá cada hogar en particular, porque el rediseño apela a coeficientes zonales que toman en cuenta la ubicación y las características del inmueble, y cuya aplicación genera ganadores y perdedores según el radio del que se trate. La empresa asegura que la suba máxima en los cargos modificados no superará el 5% mensual acumulativo hasta completar el nuevo cuadro, y que los usuarios que abandonen los segmentos más económicos perderán en tres etapas el descuento adicional del 15% que perciben hoy.

Qué cambia en el cálculo y a quiénes favorece

• Los coeficientes zonales que definían la factura de los usuarios sin medidor se reducirían de once niveles a cinco, lo que según la concesionaria simplifica el esquema pero redefine los montos por manzana y por tipo de vivienda.
• El valor del metro cúbico de cloacas en el Radio Antiguo porteño se ajustaría para incorporar el cobro asociado a los desagües pluviales, un ítem que hasta ahora no se trasladaba de manera directa a la boleta.
• Comercios, industrias e instituciones tendrían una reducción media del 2,2%: el 63% no sufriría modificaciones, el 22% obtendría bajas y el 15% enfrentaría incrementos.
• En los terrenos baldíos la factura promedio subiría un 7,6%, al pasar de 17.822 a 19.172 pesos mensuales sin impuestos, una variación que la empresa enmarca en la necesidad de alentar la construcción y la conexión efectiva al servicio.

¿A dónde iría a parar la plata extra que ingrese por el ajuste? AySA promete destinar el incremento de recaudación previsto al Programa de Tarifa Social, con la intención de ampliar la cobertura hacia hogares vulnerables. Es el clásico argumento defensivo de las concesionarias cuando enfrentan resistencias: parte de la suba se financia a sí misma mediante la suba, como si el esfuerzo recayera sobre los mismos usuarios que, en teoría, deberían ser compensados. La propuesta, así planteada, deja en el aire una pregunta incómoda: cuántos hogares nuevos absorberá la tarifa social con el dinero que se le recorta a los que ya pagan la factura completa, y bajo qué criterios se asignarán esos cupos ampliados.

Antes de cualquier resolución, el ERAS convocó a una audiencia pública virtual en la que los interesados podrán presentar observaciones. La inscripción permanecerá abierta entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre, y aunque las opiniones no serán vinculantes, el organismo regulador estará obligado a explicar de manera pública cómo las incorporó o por qué las descartó, según el procedimiento que rige este tipo de instancias participativas.

Qué falta hacer y por qué importa

Quedan, como mínimo, tres definiciones pendientes que la audiencia debería forzar y que el gobierno nacional y la Ciudad no pueden eludir: la primera es cuánto del aumento responde genuinamente a costos operativos y de inversión y cuánto a una decisión política de achicar subsidios en un servicio esencial; la segunda, qué mecanismo de evaluación independiente garantizará que la ampliación de la tarifa social no se quede en un anuncio sin padrón verificable; la tercera, cómo se controlará que la aplicación gradual del 5% mensual no termine, en la práctica, en una transición más larga y más costosa para el usuario. Mientras esos puntos no se transparenten con cifras auditables y con metas concretas, cualquier promesa de redistribución seguirá sonando a eslogan de una factura que, para la mayoría de los hogares del AMBA, va a terminar pesando bastante más en el presupuesto mensual.