Cuando el reloj corre y la rehabilitación no llega: lo que cuenta un informe sobre la discapacidad en Córdoba

Lo primero que escuché cuando empecé a leer el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba no fue una cifra, sino una escena: una madre contando, con la voz cansada, cuántos meses llevaba golpeando puertas para conseguir una silla de ruedas adaptada para su hijo. Esa imagen se repite a lo largo de las 35 páginas del documento presentado el 5 de octubre de 2026, elaborado con entrevistas y grupos focales que recogen experiencias concretas de familias que intentan acceder a derechos básicos. Sus testimonios describen situaciones vividas, no constituyen una medición estadística de todos los casos.

Trámites que se estiran y bolsillos que se vacían

Quien necesita sacar por primera vez o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la Ciudad de Córdoba tiene hoy siete hospitales con juntas evaluadoras. Dos de esos establecimientos son pediátricos y, según el relevamiento, allí los turnos se entregan con esperas de dos a tres meses. Conseguir antes una consulta con el especialista que firma la derivación también puede convertirse en un paso cuesta arriba. Para quienes ya tienen el certificado, el panorama se vuelve más áspero: Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del informe, describió demoras de entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para conseguir una vacante en centros de rehabilitación. Esos plazos, vale aclararlo, son los que surgen del documento y no permiten anticipar cuánto tardará cada trámite en particular.

Mientras la respuesta oficial llega, muchas familias pagan de su bolsillo. Una de las madres entrevistadas contó que sostuvo durante alrededor de dos años la atención particular de su hijo y que, solo en sesiones, llegó a gastar entre 150.000 y 180.000 pesos por mes. A eso se suman los costos de transporte, los apoyos escolares y los tiempos de cuidado, que suelen recaer sobre las mujeres: varias entrevistadas dijeron haber reducido su jornada laboral y, con ella, sus ingresos.

El otro lado: los prestadores también esperan cobrar

El informe no se queda en la demanda. Cuando pone el foco en quienes prestan los servicios, aparecen demoras de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336%, según el propio documento. Para los traslados, la diferencia es todavía más marcada: la nafta súper aumentó 559% y el valor reconocido por kilómetro, apenas 231%. El texto vincula esa combinación con dificultades para sostener los servicios y menciona instituciones que recortaron gastos de funcionamiento.

“Los testimonios describen esperas que se cronometran en meses y erogaciones que se cuentan en miles de pesos, en un sistema que no termina de acomodar los números para que la rehabilitación llegue a tiempo.”Informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba

• Acceso al CUD: turnos con esperas de dos a tres meses en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses según el informe.
• Ingreso a centros de rehabilitación: plazos de nueve a catorce meses.
• Costos de bolsillo: una familia gastaba entre 150.000 y 180.000 pesos por mes solo en sesiones tras dos años de atención particular.
• Aranceles: 225% de aumento contra 336% de inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.