Subte sin cargo para jubilados porteños: la nueva ley que reemplaza la credencial por el DNI en el molinete

Un cambio de 180 grados en la forma en que los jubilados y pensionados porteños acceden a la red de subterráneos quedó formalmente consagrado luego de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionara una ley que elimina la credencial especial y habilita el viaje gratuito mediante la simple lectura del Documento Nacional de Identidad en el molinete habilitado, una decisión que apunta a simplificar un trámite que durante años acumuló quejas por demoras, vencimientos y requisitos burocráticos que dejaban a buena parte de los adultos mayores fuera del beneficio o condicionados a usarlo solo en determinadas franjas horarias.

La norma alcanza a jubilados y pensionados que perciban hasta dos y medio haberes mínimos previsionales y acrediten domicilio en territorio porteño, e incorpora también a los retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de Seguridad que vivan en la Ciudad y respeten el mismo tope de ingresos, un universo que hasta ahora quedaba afuera de la gratuidad plena o debía atravesar circuitos administrativos diferentes según el régimen al que perteneciera cada beneficiario.

Sin tope horario y con vigencia de cinco años

A diferencia de los esquemas anteriores, la gratuidad no tiene franjas restringidas: el acceso es válido todos los días durante todo el horario de servicio, lo que representa una diferencia concreta para quienes usan la red en horarios no convencionales, como turnos médicos tempranos, trámites fuera de hora o visitas nocturnas, situaciones que hasta ahora obligaban a pagar el boleto o a resignar el viaje. La habilitación tendrá una vigencia de cinco años con posibilidad de renovación, siempre que el beneficiario siga cumpliendo las condiciones de residencia e ingresos exigidas por la norma.

¿Qué requisitos habrá que presentar para el alta?

• DNI vigente, sin importar si se trata del formato tarjeta o del libreta, ya que la lectura se hará sobre el documento físico.
• Comprobante de domicilio dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser una boleta de servicios, un resumen bancario o cualquier documentación aceptada por la administración porteña.
• Constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales, con el objetivo de verificar que el solicitante no supere los 2,5 haberes mínimos establecidos como tope.

El trámite se realizará en las sedes comunales, según anticipó el Gobierno porteño, que también aseguró que los requisitos serán acotados y que, una vez registrados los datos, la administración habilitará el acceso directamente sobre el DNI, de modo que el beneficiario no deba retirar ni activar ningún plástico adicional. La puesta en marcha efectiva, sin embargo, depende de la reglamentación, que tiene un plazo máximo de 60 días para completarse y que definirá los puntos de validación, la operatoria técnica en cada estación y la fecha exacta desde la cual el beneficio estará disponible para usarse en la práctica.

Queda por delante, entonces, el capítulo más sensible: la letra chica de la reglamentación, la capacidad real de los molinetes para leer el DNI en todas las líneas de la red sin generar colas ni fallas, y la velocidad con la que las comunas procesen las solicitudes de un universo de beneficiarios que, según estimaciones preliminares, podría superar el millón de personas solo en la Ciudad, una escala que obliga a pensar en turnos, en operativos móviles y en un sistema de control que evite tanto el uso indebido como la exclusión involuntaria de quienes cumplen los requisitos pero no llegan a completar el alta dentro de los plazos previstos.